Estados Unidos manifestó en junio de 2009 su preocupación por el cambio de lenguaje experimentado en Argentina respecto a la Antártida y las Malvinas. En un telegrama de esa fecha se recoge la visita de despedida que hace el embajador Wayne al ministro de Exteriores, Jorge Taiana, en la que se alude a un acuerdo al respecto, elaborado en 2004, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, con el Gobierno de Estados Unidos y "otros Gobiernos clave", y que supuestamente ha sido abandonado por el Gobierno de Buenos Aires.
Aunque no se cita explícitamente el contenido de ese acuerdo, se afirma que Argentina, al presentar en abril de ese mismo año una nueva reclamación sobre la Antártida ante la Comisión de Naciones Unidas que trata de las plataformas continentales, "ha abandonado el lenguaje específico acordado".
Según el relato norteamericano, Taiana reconoció que eso había ocurrido así, pero que se debía a problemas de agenda electoral interna. El embajador atribuye a Taiana, entrecomillada, la siguiente explicación: "Si ustedes leen nuestra reclamación cuidadosamente, verán que nuestro lenguaje respeta todas las provisiones del Tratado Antártico". Según Wayne, el ministro añadió que el primer tema para Argentina no era la Antártida, "por supuesto", sino proteger su reclamación de soberanía sobre las islas.
La cuestión de las Malvinas volvió a ponerse de actualidad a primeros de este año, a raíz de la decisión británica de autorizar nuevas prospecciones petrolíferas en aguas de las islas.
El Departamento de Estado recuerda lo ocurrido en abril de 2009 y se muestra muy interesado en averiguar si la respuesta del Gobierno argentino a la decisión británica podría perjudicar a empresas de Estados Unidos implicadas en ese proyecto, y en saber, cuanto antes, si existe algún debate entre los militares argentinos, o dentro del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, respecto a posibles acciones, "solos o en concierto con otros aliados regionales, como Venezuela".
Los analistas de la Secretaría de Estado "monitorizan" desde hace años los trabajos de la industria del petróleo en la zona de las Malvinas, cuyas aguas están sometidas en buena parte a disputas internacionales. Y eso pese a que en un telegrama de su Embajada en Londres de febrero de este año, se recoge la opinión del presidente de ExxonMobil Internacional, Brad Corson, quien no cree que haya suficiente petróleo en la plataforma continental de las Malvinas como para que resulte rentable.
El documento de la Secretaría de Estado habla de las "islas Falkland" (mientras que los telegramas de su embajada en Buenos Aires se refieren siempre en tono neutro a "Falkland / Malvinas") y subraya su interés en poder calibrar la potencial respuesta argentina a las empresas que han llevado una plataforma perforadora a aguas de las islas. "Apreciaremos que nos informen de manera que podamos anticipar la reacción argentina, incluidas posibles acciones militares". En ese sentido, piden que se informe sobre cualquier discusión, no solo dentro del Gobierno sino también "entre oficiales militares".
La Secretaría de Estado quiere saber si hay "divisiones entre los miembros del Gobierno o entre los altos cargos militares argentinos". En opinión de sus analistas, "dadas las condiciones económicas actuales de Argentina, es posible que pueda usar la exploración petrolera en la región para afirmar sus reclamaciones sobre las islas y las aguas que las rodean".
En cualquier caso, la Embajada constata que la política argentina respecto a las Malvinas se ha endurecido en respuesta al movimiento británico y que se han adoptado tres niveles de acción: protesta formal en Reino Unido, cartas de advertencia a cada empresa relacionada con la operación, recordándoles que es ilegal y que puede ser objeto de sanciones, y cartas a los Gobiernos relacionados con esas empresas, con un contenido similar. "Podemos recibir una nota bajo la tercera categoría, porque la firma norteamericana Diamond Drilling es la propietaria de la plataforma perforadora que se dirige a las islas". La Embajada recuerda que ya existe una resolución argentina de 2007 que amenaza con expulsar del país a cualquier compañía petrolera que opere en las Malvinas sin permiso de Buenos Aires, y mantiene que, en la actualidad, no hay ninguna empresa norteamericana en esas circunstancias.
Un telegrama posterior refleja también la inquietud de Estados Unidos ante la decisión del Gobierno argentino de impedir que toquen puertos continentales barcos cuyo destino final sean las Malvinas. Diplomáticos británicos advierten a sus colegas de que ya están llegando cartas de amenaza a las compañías implicadas y se preguntan si esa negativa a tocar puerto puede afectar también a los cruceros norteamericanos que van a la Antártida y que hacen breve escala en las Malvinas. El ministro consejero de la Embajada británica, Simon Thomas, les transmite su "sorpresa" al saber que el Gobierno de Estados Unidos no ha recibido ninguna carta en ese sentido, pese a que la plataforma contratada por la empresa británica Desire Petroleum "está operada por una firma de EE UU", insiste Thomas.
Los norteamericanos también se interesaron sobre la situación del Barclays Bank, del que algunos medios británicos habían asegurado que, como accionista de Desire Petroleum, podría resultar afectado por las nuevas sanciones argentinas. El propio secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, se encarga de disipar las dudas: no hay problema porque el banco (que casualmente desempeña un importante papel en el proceso de renegociación de la deuda argentina, en pleno desarrollo) es solo "dueño de un fondo que maneja fondos de un tercero que a su vez es accionista de esa compañía".
Cortesía: El País
