La implementación de las reparaciones a las víctimas de la violencia política depende de establecer montos atendibles por la caja fiscal, indicó el presidente de la comisión encargada del Programa de Reparaciones económicas, Jesús Aliaga Baldeón.
Sostuvo que a diferencia de los montos fijados por el sistema interamericano, el Estado implementará reparaciones administrativas en virtud de la Ley 28592 para mejorar la calidad de vida de los afectados sin perturbar el equilibrio fiscal, ni dejar al próximo gobierno compromisos imposibles de cumplir.
El perfil del beneficiario, dijo, es el del ciudadano del ando, campesino, quechua hablante pobre y analfabeto, "y que no espera ni exige las decenas de miles de soles que irresponsablemente o con propósitos políticos algunos intentan meterles en la cabeza".
"Proponerles sumas inmanejables es ponerle una lápida a sus expectativas, es tan solo demagogia en medio del dolor y la prolongada espera", indicó.
El funcionario reiteró que las reparaciones económicas tienen previsto iniciarse el 2011 atendiendo como prioridad a las víctimas en mayor grado de vulnerabilidad, la población adulto mayor del ámbito rural.
Por otro lado, anunció que el 30 de noviembre se iniciará en Ayacucho una serie de reuniones de trabajo descentralizadas con las víctimas organizadas a fin de socializar los avances del diseño del PRE y escuchar sus demandas e iniciativas.
Finalmente, recordó que la Presidencia del Consejo de Ministros ya ha asignado para el año 2011 la suma de 20 millones de nuevos soles que se incorporarán en la meta presupuestaria Programa de Reparaciones Económicas.
Cortesía: Andina
