Aunque tarde, el Gobierno decidió tomar las medidas necesarias para poner un alto al pago de las excesivas reparaciones económicas dictadas en contra del Estado peruano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de terroristas sentenciados.
El ministro de Justicia, Víctor García Toma, explicó que los dispositivos legales incluyen desde pedir explicaciones al citado tribunal sobre sus sentencias, hasta solicitar al Poder Judicial la detención de los subversivos excarcelados que no hayan cumplido con el pago de las multas que se les impusiera al momento de su condena.
NI UN SOL MÁS. La primera decisión asumida el miércoles en el Consejo de Ministros es no destinar ni un solo sol del presupuesto para pagar las indemnizaciones a los terroristas.
Asimismo, se han tomado las medidas para que los subversivos condenados no solo cumplan con la totalidad de su pena en prisión sino, además, paguen al Estado los daños causados.
Una de las opciones para el cobro de las reparaciones impagas a favor del Estado será la retención de hasta un tercio de las remuneraciones que perciben los terroristas excarcelados reinsertados en la sociedad. "Y a quienes no laboran se trabará embargo en sus propiedades. Aquí, hasta una bicicleta será embargada", dijo García Toma al diario Perú 21.
Además, el Gobierno acordó pedir al Poder Judicial que se autorice la conversión de los días multa en días de prisión efectiva. Para ello –señaló el titular de Justicia– se ha pedido al procurador contra el terrorismo, Julio Galindo, que elabore la lista de los subversivos excarcelados que no han cumplido con esta parte de su sentencia, "a fin de que retornen a prisión".
Como parte de los acuerdos asumidos se solicitará a la procuradora de Derechos Humanos, Delia Muñoz, que solicite a la Corte de San José una explicación sobre los criterios que se toman en cuenta al momento de emitir una sentencia y donde fijan las compensaciones económicas.
Y, para darle mayor fuerza a este pedido, se está coordinando con los países que se encuentran en la misma situación que el Perú, vale decir, Colombia, Bolivia, Paraguay y México.
"Estamos pidiendo a la Corte que cambie la jurisprudencia en esta materia y nos proponemos la réplica en los Estados, y esto no implica un desconocimiento de la competencia de la Corte", explicó García Toma.
Fuente: Perú 21
