El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, lo ha dicho: si el mandatario electo de Colombia, Juan Manuel Santos, viaja a su país será detenido. Una advertencia que no ha impedido que Correa haya confirmado su intención de viajar a Bogotá como invitado a la toma de posesión de Santos, el próximo 7 de agosto. Desde Londres, el presidente electo aseguró que lo segundo "es un paso en la dirección correcta". Y restó importancia a lo primero: "Es una situación jurídica que respeto, pero no comparto".
Un juez de la localidad ecuatoriana de Sucumbíos dictó orden de captura contra Santos en plena campaña electoral, por la participación de Santos como ministro de Defensa en el bombardeo a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2009. Murieron 26 personas; entre ellas, el número dos de esta guerrilla, Raúl Reyes, y un ciudadano ecuatoriano.
Desde entonces, las relaciones de estos países vecinos han transitado por terreno movedizo. Tras la retirada de sus respectivos embajadores y la ruptura total, actualmente se gestionan mediante encargados de negocios. El intercambio comercial volvió a repuntar este año, tras un mal ejercicio en 2009, cuando el valor de las transacciones disminuyó en un 12%. Ecuador impuso aranceles especiales a los productos colombianos, aunque ya se han anulado. Emilio Velazco, director de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, es optimista. "Es magnífico el anuncio de la visita de Correa; abrirá una nueva etapa de diálogo directo entre los mandatarios", explicó a EL PAÍS. Pero considera un "clavo en la relación" el hecho de que Santos no pueda visitar Ecuador por su situación jurídica, que además tiene implicaciones políticas y diplomáticas.
El ex canciller Augusto Ramírez comparte este optimismo y augura que pronto habrá de nuevo embajadores. "La jurisdicción ecuatoriana no se aplica en Colombia", asegura al restar importancia a la orden de captura. Destaca que, de los ocho puntos planteados en una hoja de ruta trazada el pasado diciembre por los dos cancilleres para enderezar las relaciones, solo falta uno: que Colombia entregue los discos duros de los ordenadores que encontraron en el campamento de Raúl Reyes.
Son 20 gigas con información que involucra a funcionarios de distintos países, entre ellos Ecuador, por supuestas relaciones con las FARC. Santos prometió durante la campaña que entregaría esa información.
Desde un primer momento, Correa calificó el bombardeo de "crimen" y ha apoyado a la justicia en "su deber de investigar delitos". Pero no opina abiertamente sobre el proceso contra Santos y alude a la separación de poderes.
Colombia trató de minimizar el impacto de la violación de un territorio extranjero y de los acuerdos internacionales. Santos, encargado como ministro de explicar a los colombianos lo que calificó de "exitoso" golpe a las FARC, aseguró en un comienzo que las tropas jamás habían entrado en el territorio vecino, sino que dispararon desde este lado de la frontera.
En un principio, la investigación judicial del juez de Sucumbíos señaló no solo a Santos sino a todo el alto mando militar. El presidente, Álvaro Uribe, creó entonces un grupo de expertos para defenderlos. "No podemos abandonar a quienes libran una batalla contra el terrorismo", advirtió para respaldar a Santos.
Pero un nuevo episodio podría desmoronar el optimismo. Un periódico ecuatoriano insiste en que el organismo de inteligencia estatal de Colombia, el DAS, espió a Correa. Y el DAS ya está en la picota pública: la fiscalía colombiana investiga a altos funcionarios por supuestas escuchas y seguimientos a magistrados, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos opositores.
Cortesía: El País
