El Parlamento Nacional aprobó esta tarde el informe final de la comisión Investigadora de la venta de acciones de la empresa Petrotech Peruana S.A. y sus contingencias en relación a los contratos celebrados con el Estado peruano.
El informe recibió el respaldo de 75 congresistas, una abstención, y 16 en contra, y contó con el voto favorable de los ministros y legisladores Javier Velásquez Quesquén y Nidia Vìlchez, luego que la representación nacional acordara en los últimos días reconsiderar la votación inicial que lo desestimó.
El presidente de la Comisión, Jhony Peralta, presentó un texto sustitutorio modificando algunos párrafos de las conclusiones, del informe que señala que dicha empresa de hidrocarburos debe al Estado peruano 482 millones de dólares por evasión de impuestos.
En ese sentido, concluye en remitir una copia del informe al Procurador Público Anticorrupción, para que promueva una investigación preliminar en contra de los funcionarios William Kallop Moore, Alberto Varillas Cueto y Rosy Gadea Benavides, por el presunto delito de corrupción de funcionarios en agravio del Estado.
Asimismo, plantea que se investigue a Mario Pasco por el supuesto delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de funcionarios, por haberse irrogado presuntamente la representación de Perupetro para participar en la negociación de la conformación del Tribunal Arbitral, que actuó en el caso Petrotech.
También involucra a Rafael Samaniego Bogovich, Jorge Chamot Sarmiento y Miguel Celi, en el presunto delito de colusión. La denuncia incluye además al ex ministro Jaime Quijandría Salmón, en su condición de ex presidente de Cepri-Petromar.
El informe recomienda solicitar al Ministerio Público que formalice una denuncia en contra de los que resulten responsables en el caso de Petrotech Peruana, específicamente en el período comprendido entre 1993 y el 2010 y recomienda la intervención de la Contraloría.
Por último, exhorta al Poder Ejecutivo para que en un plazo perentorio, emita un informe sobre la vigencia y posibles violaciones al contrato del lote Z-2B.
Fuente: Agencia Andina
