Infopública accedió a la acusación fiscal contra el ex Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francis Allison Oyague, así como al documento a través del cual el ex funcionario aceptó, el pasado 7 de enero ante el Juez Federico Moreno de la Corte de Distrito del Sur de la Florida, su responsabilidad por la comisión de tres delitos relacionados con las obligaciones de declarar el transporte de dinero o instrumentos monetarios, desde los Estados Unidos a lugares fuera de dicho país.
Infopública obtuvo los documentos utilizando el régimen de publicidad que tienen los procesos judiciales en los Estados Unidos, un ejemplo de transparencia judicial que debe imitarse en el Perú.
En esta edición extraordinaria, Infopública pone a disposición del público los documentos. El primero de éstos es el Indictment, a través del cual el Fiscal Jeffrey H. Sloman, les imputa a Allison Oyague y su esposa Carla Robbiano Montes, los siguientes delitos:
a) Omisión voluntaria y con conocimiento, de declarar ante la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, el traslado de una suma mayor a 10,000 dólares americanos desde este país a un lugar fuera del mismo.
b) Ocultamiento voluntario y con conocimiento de una suma superior a 10,000 dólares americanos en su persona o efectos personales, con la finalidad de transportarlo de los Estados Unidos a otro lugar fuera de dicho país.
c) Hacer, con voluntad y conocimiento, una declaración y representación, falsa, fraudulenta y ficticia, de que no transportaban más de 10,000 dólares americanos, cuando en realidad sí lo estaban haciendo.
En el segundo documento, el acusado Allison Oyague retira su inicial alegación de inocencia y la cambia por una aceptación de responsabilidad penal ante el Juez de Distrito, Federico Moreno, por lo tres delitos mencionados. Esta declaración de culpabilidad fue aceptada por dicho magistrado, quien dispuso dictar sentencia el 28 de enero próximo a las 10:00 am. Llama la atención que esta aceptación de responsabilidad sólo la haya presentado el acusado Allison Oyague y no su esposa Robbiano Montes quien también se encuentra comprendida en el proceso. Esta situación puede formar parte de una estrategia procesal de la defensa o de alguna particularidad procesal.
Nos encontramos sin duda ante un caso de especial interés público, dada la condición de político, ex ministro de Estado y ex alcalde de un importante distrito de Lima del acusado Allison Oyague, así como por la naturaleza de los delitos imputados.
Cabe recordar que el 27 de septiembre del 2009, el referido personaje anunció en conferencia de prensa su renuncia a la cartera ministerial, luego de que un medio publicara que había percibido supuestos e inusuales honorarios profesionales de la empresa Business Track, durante aproximadamente un año y paralelamente a su gestión como alcalde de Magdalena del Mar. Los directivos de Business Track vienen siendo procesados en el Perú, bajo la acusación de haber montado un negocio de interceptaciones telefónicas ilegales a través de dicha empresa.
Ejemplar transparencia judicial
Resulta destacable la transparencia judicial de la Corte de Distrito del Sur de la Florida, que permite el acceso a esta información de especial interés público, sobre todo para los peruanos. Si el mismo proceso penal se hubiese realizado en el Perú, el acceso público a la información judicial como la que Infopública divulga habría sido imposible, por lo menos de manera formal, dada la mal entendida reserva judicial que en la práctica constituye un inaceptable secretismo.
En efecto, contrariamente a la regla de publicidad de los procesos penales que establece el inciso 4) del artículo 139º de la Constitución, el artículo 73º del Código de Procedimientos Penales, que data de 1940 y por ende es anterior a la Constitución, establece que toda la etapa de instrucción del proceso penal es reservada. Como es evidente, una interpretación literal de esta norma procesal desconoce el mandato constitucional al establecer como regla la reserva de toda una etapa procesal, sin conexión alguna con la necesidad de proteger derechos fundamentales u otros bienes constitucionales. Así, simplemente la mera existencia de una instrucción determina la naturaleza reservada de toda la información contenida en ella sin mayor justificación.
Resulta pues urgente que esta situación sea modificada, toda vez que la transparencia judicial es perfectamente compatible con la vigencia de los derechos fundamentales de las partes de un proceso y con los fines constitucionales que este cumple. De otro lado, la transparencia judicial no sólo constituye una garantía de los procesados y un presupuesto indispensable para ejercer el derecho que tenemos todos y todas de formular críticas a las resoluciones judiciales, sino que constituye uno de los mecanismos más importantes de legitimación social de la administración de justicia.
Con la publicación de estos documentos, Infopública busca también contribuir con la transparencia judicial en el país, motivando la discusión en torno a la necesidad de posibilitar el acceso público a la información contenida en procesos judiciales en trámite, siempre que con ello no se afecte de manera sensible e injustificada los derechos fundamentales de las partes u otros bienes constitucionales.
