Con ocasión del cuarto aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo ha mostrado preocupación por la lentitud de las investigaciones judiciales en los casos de abusos a los derechos humanos recomendado por la Comisión.
En opinión del Jefe de la Defensoría del Pueblo en Tacna, Sergio Meza Salazar, existe un peligroso estancamiento en el desarrollo de dichos procesos pues mientras que los 28 casos abiertos continúan en la etapa de investigación preliminar, a pesar de haberse iniciado hace ya algunos años, durante el año 2007 sólo se ha abierto un proceso judicial.
La Defensoría también advirtió con preocupación que la Tercera Sala en lo Penal para Reos Libres dejó sin efecto una denuncia penal formulada por la Fiscalía contra algunos implicados en la matanza del penal El Frontón, en 1986, al considerar que la acción penal había prescrito.
Para la Defensoría estas decisiones desconocen las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos y se apartan de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Por otro lado la Defensoría del Pueblo resaltó la expedición de sentencias condenatorias en los casos de la masacre de Lucanamarca, donde murieron 63 pobladores atacados por Sendero Luminoso en 1983, y la desaparición de tres autoridades y un menor en el distrito de Chuschi en 1991, lo que consolida la jurisprudencia nacional respecto de la naturaleza permanente del delito de desaparición forzada.
Meza Salazar indicó que la Defensoría del Pueblo hace un seguimiento a las principales recomendaciones de la Comisión de la Verdad, especialmente en el tema de la justicia y las reparaciones. El informe de la CVR fue entregado al Estado Peruano en el 2003 para que éste promueva el procesamiento de los responsables de decenas de casos investigados por la Comisión y cree los mecanismos para reparar a las víctimas.
Hasta la fecha, el Estado Peruano ha dispuesto de 45 millones de soles ( unos 14 millones de dólares) para la ejecución de reparaciones colectivas en 440 comunidades campesinas de 10 regiones afectadas por el terrorismo, según cifras aportadas por la Defensoría.
