El Primer Despacho Provincial de Investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Ministerio Público, a cargo del Dr. Walter Goyzueta Neyra, concluyó las investigaciones contra dirigentes, autoridades y ciudadanos por las protestas realizadas en octubre del año pasado, en razón a la modificación de la distribución del canon minero.
A la fecha se ha identificado al 90% de implicados en el Caso Nº290614500-2008-2436, en total 35 imputados, estando programado solicitar la prisión preventiva para aquellos que no han concurrido a las diligencias programadas.
De efectuar el requerimiento de acusación correspondiente por los delitos de disturbios (1), peligro común (2), contra el patrimonio cultural (3), entre otras, los implicados tendrían que enfrentar un proceso de juicio oral ante el Poder Judicial.
El Ministerio Público ha investigado recopilando la información correspondiente a fin de sustentar eficientemente la acusación, encontrándose en revisión.
Durante el proceso se han realizado peritajes antropológicos (superposición de imágenes, de lectura de labios y gestos, entre otros). Así como diligencia de visualización de videos y fotografías, las declaraciones a cada uno de lo imputados.
A pesar de la ardua investigación llevada a cabo por parte del Ministerio Público, se aprecia inacción por parte de los actores civiles (Art.º 105 del Nuevo Código Procesal Penal: La actividad del actor civil comprenderá también la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o participe, así como acreditar la reparación civil que pretende. No le está permitido pedir sanción) en estos procesos como son el Ministerio del Interior, el INPE y la SUNAT , entre otros, al no apersonarse a acreditar la reparación civil (indemnización) por los daños causados.
Como es de conocimiento público, el presente caso es considerado como "Complejo", según el NCPP, debido al gran número de imputados y agraviados (cinco entidades públicas y dos entidades privadas). En estos casos, el Estado otorga hasta 18 meses para la respectiva investigación.
