«No había elementos de convicción que vinculara a mas de 3 personas en la investigación», indicó el abogado Alex Choquecahua.
Alex Choquecahua, abogado.
El juez Juan Portugal Vega rechazó el pedido de prisión preventiva de 24 meses solicitado por la Fiscalía en contra de los investigados el ex alcalde de Ilabaya, Luis Cerrato Tamayo, los ex funcionarios, José Luis Arocutipa Mamani, Hugo Hernán Aduviri Soto, Carlos Mendoza Herrera, y los exregidores de Ilabaya Olson Manuel Carpio López, Marcelino Quispe Calderón y Leonidas Mamani Chipana.
A los investigados se los sindicó de incurrir en los delitos de organización criminal, peculado por apropiación, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo genérico, por presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del 2015 al 2018 del exalcalde de Ilabaya Cerrato donde – según Fiscalía- se simularon pagos por servicios, servicios internos no realizados, pago de personas que no trabajaron en la comuna y pagos a regidores para no fiscalizar la gestión edil.
El abogado Alex Choquecahua quien ejerció la defensa de José Luis Arocutipa indicó que el juez ha determinado que no existe organización criminal en la presente causa debido a que no concurren los presupuestos planteados por Fiscalía para este delito.
“La ley específica que no estaba vigente a marzo de 2015 cuando comenzó la actividad de esta presunta organización. Entró en vigencia en 2016”, mencionó.
Además, no había elementos de convicción que vinculara a mas de 3 personas en la investigación del caso. “Si bien se cuenta con declaraciones de algunos testigos codificados y aspirantes a colaboradores, hace referencia a dos personas en este grupo no a todos y la ley señala que organización esta establecido por un mínimo de 3 personas”, dijo.
Así también, quedó desestimado que cualquier supuesto de coautoría como organización criminal que dos a tres sean imputados por un presunto delito no significa que sea una organización, “tiene una vocación de permanencia en el tiempo”.
De igual forma, alegó que la Fiscalía ha planteado que los integrantes se cohechaban entre ellos, “no se ha visto que el jefe coheche a sus subordinados. Soborno a regidores, la Fiscalía dijo que el exalcalde y administración pagaban dinero a regidores de manera mensual para que no fiscalicen y aprueben proyectos”, refirió.
“No resulta coherente que, existiendo una organización criminal, los mismos miembros tengan que cohecharse para un trabajo cuando se supone que hay punidad de acción en desempeño de actividades”, agregó.
Para el abogado tampoco hubo suficientes elementos de convicción “porque se presentó planillas que no contaban con firmas y aparte se ha presentado una planilla que tenía una firma que no se puede determinar que era de un regidor porque en tanto tiempo no se hizo una pericia”.
