Abogado y director del instituto de defensa legal, indicó que audios no califican para un pedido de vacancia por incapacidad moral.
Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).
“Hemos estado ante un complot contra la democracia, me parece que la propagación de estos audios sin investigación previa es un acto destinado a golpear la presidencia y generar este pedido de vacancia que sin argumento se presentó en el Congreso”, expresó Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL)
Para el abogado, existe un pedido de vacancia pese a que los audios fueran anunciado el jueves por la mañana sabiendo que la persona que los ha presentado dijo que era una edición. “Entonces la prueba no fue revisada excepto por el señor Alarcón y el jueves por la noche ya estaba presentado el pedido de vacancia”. Siendo así, mencionó que “eso merece un debido proceso”.
Indicó que, ante esto, el Ejecutivo tuvo una correcta respuesta al presentar la demanda competencial. Y es que, refirió que los audios no califican para un pedido de vacancia por incapacidad moral.
En cuanto al tiempo, teniendo en cuenta que el presidente fue citado por el legislativo el 18 de setiembre a las 10:00 a. m., dijo que “resulta pertinente que se tome la decisión de resolver antes de esa fecha porque hay un pedido y posibilidad de que se configure la vulnerabilidad a derechos fundamentales”.
