El expresidente regional de Tacna fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión suspendida y el pago de 7 millones de soles. Además el juez dictó para exfuncionarios 4 años.
(Foto: Radio Uno)
Tito Chocano Olivera fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión suspendida y no efectiva debido a la edad que el otrora presidente del gobierno regional de Tacna ostenta, entre 75 a 76 años.
Por laudo. El juez Eloy Ordoño Mamani encontró culpable a Tito Chocano y otros exfuncionarios del Proyecto Especial Tacna de favorecer a la empresa C&C con el pago de arbitraje.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción acusó al expresidente regional y otros exfuncionarios del Gobierno Regional y del Proyecto Especial Tacna (PET) por el delito de negociación incompatible derivada del pago de casi S/4 millones que realizó el PET de un arbitraje perdido con la empresa C&C.
La exautoridad además deberá pagar 7 millones de soles como reparación civil.
Los otros sentenciados a 4 años de prisión suspendida son:
Fausto Arias Liendo, Rafael Cotrina Miranda, Rafael Rodríguez Taype, José Luis Rojas Mantilla, Sadot Monrrado Ale Ninaja, Víctor Hugo Angulo Ayca, Alejandro Estrada Andrade, Pedro Jesús Liendo Morales, Sandy Estela Poblete Tenorio, Juan Víctor Martínez Villalobos, César Augusto Huertas Velásquez y Vargas Rivera Pedro Emilio Pascual.
A este grupo se suma Romel Macedo Garnica quien fue condenado -el 25 de marzo de 2019- a 4 años de prisión suspendida, una inhabilitación de asumir cargos públicos por 3 años, al pago de una reparación de 15 000 soles a favor del Estado y una reparación civil de 3 000 soles para el GRT.
Por su parte, el fiscal Ludwing Flores indicó que, si bien era histórica la reparación civil impuesta, no le parecía congruente la condena dictada por lo que anunció la apelación del mismo.
A su turno, el abogado José Reaño, mencionó que aguardará la lectura integra de la sentencia (15 de enero 8:00 a. m.) para evaluar una apelación a la misma.
-LAUDO-
El caso, que hoy condena a Chocano y sus entonces funcionarios, nació a raíz de la venta de cinco camionetas de parte de C&C al PET en el 2009. El PET aplicó una penalidad al contrato argumentando retraso en la entrega, además de hacer público observaciones técnicas.
En 2011, ambas instituciones van a un arbitraje por demanda de C&C, quien señala hubo un perjuicio a su imagen. C&C gana el arbitraje y el Tribunal Arbitral ordena el pago de 3 millones 977 mil 958 soles.
El delito según la fiscalía se cometió en el pago del laudo. El consejo directivo del PET, presidido por Chocano, elaboró el 11 de octubre del 2012 el acta N.° 231 en la cual se estableció que el pago a C&C se realizaría en partes, usando el presupuesto para sentencias judiciales que tenía el PET. Sin embargo, se suscribió otra acta con el mismo número en el cual se acordaba que se le pagara lo antes posible a C&C. Y así fue, el 13 de diciembre se le pagó usando recursos de otros proyectos financiados con canon minero.
La tesis de la Fiscalía era que Chocano y sus funcionarios se habrían confabulado para favorecer a C&C y a toda costa, pasando por encima las normas establecidas para el pago de sentencias y laudos, le pagaron.
