La fiscalía tiene 55 procesos de colaboración eficaz abiertos por el Caso Lava Jato. Cinco de ellos son con empresas.
Fiscales del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, representantes del Ministerio Público en el acuerdo de colaboración.
La aprobación del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht por parte del Poder Judicial marca un hito en el sistema de jurisprudencia de casos de gran criminalidad, como Lava Jato.
Así lo expresó el fiscal coordinador del equipo especial, Rafael Vela Barba, durante la conferencia de prensa en la que anunció que la jueza María Álvarez Camacho homologó el convenio que firmó Odebrechtcon el Ministerio Público y la procuraduría ad hoc.
La sentencia, que permite asegurar toda la información entregada por la constructora brasileña a la fiscalía –documentos y testimonios–, no puede ser apelada por terceros.
Vela explicó que los investigados por el Caso Odebrecht no tienen legitimidad para impugnar la sentencia. Solo podrían presentar una apelación quienes han intervenido en el proceso de homologación ante el Poder Judicial.
“Si la aprobación del acuerdo hubiera sido parcial, seguramente alguno de nosotros podría haber formulado un recurso impugnatorio, pero el acuerdo ha sido aprobado en todos sus extremos”, sostuvo.
El ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia apuntó a El Comercio que la sentencia tiene calidad de “cosa juzgada”. “Un tercero ajeno al proceso de colaboración eficaz no puede apelar ni pedir la nulidad del acuerdo”, dijo.
—Efectos—
Se trata de la primera sentencia de colaboración eficaz de una persona jurídica de manera corporativa, pero no sería la última.
Así como Odebrecht, otras empresas y sus ejecutivos han admitido sus culpabilidades, y al mismo tiempo sus intenciones de aportar información relevante a las investigaciones.
Rafael Vela informó que el equipo que dirige maneja unos 50 procesos de colaboración eficaz de personas naturales y 5 de personas jurídicas.
Entre las empresas que se han acogido o buscan acogerse a la colaboración eficaz figuran Odebrecht, OAS y Graña y Montero. En tanto, son colaboradores cuatro ex ejecutivos de Odebrecht: Jorge Simoes Barata, Ricardo Boleira Guimaraes, Carlos Nostre Junior y Renato Ribeiro Bortoletti.
En el Perú, empresarios, ex funcionarios y políticos se encontrarían entre aquellos que han iniciado procesos de colaboración.
—La sentencia—
Para emitir su resolución, la jueza a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Corrupción de Funcionarios dirigió 16 audiencias reservadas, en las que participaron representantes de la fiscalía, la procuraduría ad hoc y la empresa Odebrecht.
La sentencia, expedida el 17 de junio, consta de 284 páginas, en las que la magistrada aprueba eximir de consecuencias penales a los cuatro ex ejecutivos. Los beneficios otorgados se sustentaron en la información proporcionada por los colaboradores, tras ser corroborada por la fiscalía.
—Reparación—
En la sentencia también fue homologado el acuerdo relacionado al pago de S/610 millones como reparación civil al Estado, en base a los cuatro proyectos en los que Odebrecht reconoció su responsabilidad: carretera Interoceánica, metro de Lima, Costa Verde Callao y Vía de Evitamiento Cusco. Será en 15 armadas anuales, más los S/150 millones de intereses legales.
El procurador ad hoc Jorge Ramírez aseguró que el pago de la reparación civil está garantizado, en caso de que Odebrecht sea vendida o fusionada.
A través de un comunicado, Odebrecht reiteró su compromiso de cumplir los términos asumidos en el acuerdo. La empresa anunció que pasará a adoptar la marca OEC-Odebrecht Ingeniería y Construcción para sus operaciones en el Perú.
El total de la reparación civil que Odebrecht deberá pagar al Estado por las cuatro obras en las que reconoce responsabilidad es S/610 millones. Además, S/80 millones será el monto de la cuota inicial de la reparación civil que la constructora brasileña deberá pagar este año.
