Dictamen dio plazo 30 días al alcalde Gerardo Espíndola para que derogue ordenanza que lo estableció, dado que estima que este derecho municipal no puede exigirse a los usuarios antes de subir a los buses y taxis, ya que no involucra la prestación de un servicio concreto.
(Foto: Radio Uno)
¿Quién no ha reclamado alguna vez por el pago del ticket de embarque en el Terminal Internacional Arica-Tacna? Y claro, la queja parece justa y necesaria, cuando uno reflexiona y lo que está pagando es casi un impuesto por subirse a un taxi o un bus con destino a Tacna. Ni siquiera ese pago de 350 pesos da derecho al uso de un servicio higiénico decente y –menos- a disfrutar de instalaciones confortables y seguras para viajar. El panorama alrededor y dentro de ese recinto algunos lo definen como un «atentado al turismo».
¿Raro no? Pero el cobro podemos decir que es propio del lema «Arica Siempre Arica». Sí, porque cuando uno viaja y usa otrosterrapuertos del país no pasa esto. A nadie le cobran sólo por viajar. Pero como dice el dicho “no hay mal que dure 100 años, ni tonto que lo aguante”, ese cobro parece tener sus días contados. Y eso se debe gracias a una fiscalización de la ContraloríaGeneral de la República (CGR) y a un reclamo de un particular, que terminó finalmente en el dictamen N° 16.520 del 29 de junio pasado, donde el organismo declaró ilegal este pago exigido a cada pasajero embarcado en el recinto municipal.
Ver dictamen aquí https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/016520N18/html
El tema no ha sido comunicado oficialmente por el municipio y tampoco ha sido materia abordada con los concejales. Fuentes extraoficiales indican que este es un golpe a las arcas municipales y que por eso es visto con cautela. Sin embargo, estepronunciamiento jurídico de la CGR no podrá ser eludido por el alcalde Gerardo Espíndola. Desde que fue notificado, tiene un plazo de 30 días hábiles para derogar la ordenanza que estableció este cobro a los usuarios del terminal.
En el documento, la Contraloría dispone que “la Municipalidad de Arica deberá abstenerse de continuar efectuando el aludido cobro, modificando la citada ordenanza municipal N° 7, de 2016, ajustándola a los términos del presente oficio, e informando de ello a la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción de este pronunciamiento”.
El presidente del rol chileno de los Taxis Arica-Tacna, Carlos Guerra, valoró el dictamen de la Contraloría, ya que señaló que “a diario los pasajeros se quejan porque deben pagar un derecho que no les reporta nada. Comparan este terminal con los del resto del país y se quejan de que este es el único que cobra por subirse a un vehículo”.
El dirigente dijo que si el municipio decide mantener el cobro de este derecho, ”lo importante es que ofrezca un servicio a los pasajeros y los recursos que se obtengan, sean para el terminal. No queremos que los ingresos vayan a un fondo común como ocurre ahora, ya que por eso no vemos mejoras en el recinto. Nos presentaron un proyecto con tres etapas de inversiones, pero hasta ahora no tenemos claro cuándo se concretará”.
Por ahora, el recinto sigue siendo una postal lo menos atractiva para los turistas. Al llegar impacta ver veredas en mal estado, venta de comida en sus alrededores, pavimentación inconclusa y material abandonado. Al ingresar el panorama tampoco es mejor. Los pavimentos de tránsito de pasajeros están deteriorados, las oficinas de las agencias lucen sucias y sin arreglos, y los servicios higiénicos presentan falta de aseo y de infraestructura. También funciona un restaurante al lado de los baños públicos y unos locales que venden comestibles y algunos servicios. No existe un cajero automático, ni menos vigilancia. Hoy también el terminal atrae a perros vagos y gitanos. Los sombreaderos escasean cuando el verano se deja caer o cuando las filas en fines de semana largo o temporada alta se hacen interminables bordeando el recinto.
¿Reciprocidad?
Y en qué se basó la Contraloría para atender el sentido común de los ciudadanos? Simplemente este organismo determinó que -en concreto- la Municipalidad no podía imponer el pago de un derecho municipal, por una contraprestación de un servicio inexistente. Así lo sostiene el dictamen, señalando que “no se advierte la existencia de una contraprestación otorgada por la Municipalidad de Arica que justifique el pago exigido por esa entidad edilicia, sino que los servicios otorgados -seguridad, cierre, entre otros-, resultan ser los propios de la administración del establecimiento, es dable concluir que la ordenanza de la especie no se ajusta a derecho en ese aspecto”.
Eso no es todo. También desestimó el argumento municipal que intentó dar validez legal a este cobro, indicando que obedecía a una medida recíproca con Perú, dado que en el terminal terrestre de Tacna cobran 2 soles (400 pesos) por el mismo derecho a andén. Todo parecería bien, salvo por una omisión del municipio: que en Tacna el ticket permite el uso gratuito de los servicios higiénicos y las instalaciones del recinto son muy superiores a las que ofrece Arica.
La “reciprocidad” entonces aquí tampoco es aplicable, porque es un principio mucho más general que determina cuántos vehículos por bandera debe haber, el cobro de la tarifa similar o la recalada o partida en terminales homólogos. Es más, la propia Contraloría pidió un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores para sustentar su dictamen y precisar este concepto. Esa colaboración le permitió indicar que “el Convenio de Transporte de Pasajeros por Carretera entre Tacna y Arica no contienedisposiciones que autoricen el mencionado cobro y que el principio de reciprocidad no configuraría un fundamento suficiente para la recaudación de la especie”.
Pese estos reparos, el organismos fiscalizador ofrece una salida al municipio. Le advierte que sólo podría cobrar en caso de que ese derecho andén permitiera el acceso a servicios higiénicos o a la custodia de equipaje. Sin embargo, hoy la corporación edilicia está en un problema. Ambos servicios se ofrecen en el terminal, pero con cobro extra y el de los baños está adjudicado a un tercero, aunque con un vicio: nunca su licitación fue aprobada por el Concejo Municipal.
Municipio responde
La pregunta es qué hará ahora la Municipalidad. En un escueto comunicado que no respondió el cuestionario que enviamos, la administración comunal admitió que el dictamen existe y que tiene un plazo de 30 días hábiles para acatarlo.
Pese a que fue consultado, el municipio no respondió sobre el monto de los ingresos mensuales que significa este cobro a los pasajeros. Sólo confirmó que el terminal tiene un movimiento diario promedio de 3 mil pasajeros.
Asimismo, indicó que los ingresos obtenidos por este derecho y que incluyen el arriendo de oficinas a las agencias de buses y taxis y a comerciantes, “son depositados en la Tesorería Municipal y entran al Fondo Común, con lo cual se pagan los consumos básicos, sueldos, mantención y ahorro para inversión en infraestructura”.
La administración del alcalde Gerardo Espíndola señaló que ya ha invertido 100 millones de pesos en mejoras desombreaderos y pavimentación de zona de estacionamiento de los taxis.
En su comunicado, confirmó sin establecer plazos el desarrollo de un Plan de Inversión “que contempla los estudios de electricidad, infraestructura, más la construcción de un sombreadero, radier, servicios higiénicos y mejoramiento de espacios (boleterías por ejemplo)”.
Asevertrans
Y como el caso de corrupción municipal de la gestión del ex alcalde Waldo Sankán sigue penando al municipio, la Contraloríarepresentó a la administración comunal que aún la empresa Aservetrans Limitada –de propiedad de Jorge Frías, condenado por fraude al municipio y que se adjudicó la administración del recinto por 10 años en la época del alcalde Carlos Valcarce-, aún cobra arriendos de oficinas en el recinto.
Fue el año 2016 por el pronunciamiento de un tribunal civil de Arica, que la Municipalidad pudo recuperar este recinto y poner fin a la transacción que hizo el ex alcalde Carlos Valcarce anunciando un tremendo plan de obras para el terminal que nunca se concretó. En diciembre de ese año la Contraloría emitió un informe de fiscalización de estas dependencias y detectó que los 41 locales en arriendo, no habían formalizado sus contratos con el municipio, irregularidad que a un año y medio de ese informe, aún no ha sido subsanada del todo.
Ver aquí Informe Contraloría sobre Irregularidades en Terminal Internacional: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/auditoria/441bcfd0fd3a092e256b7ad65a89aba3/html
