En la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside el congresista Róger Nájar (UPP-BP), el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo y los ministros de Justicia, Rosario Fernández; de Agricultura, Ismael Benavides; y del Ambiente, Antonio Brack, expusieron sobre los problemas generados por el paro de los nativos en la selva y las medidas de emergencia adoptadas, y sustentaron los decretos legislativos que generaron ese conflicto.
Previamente, también intervinieron los representantes de las comunidades nativas encabezados por Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), quien manifestó que siete decretos legislativos, entre ellos los 1015 y 1073, afectarían la propiedad colectiva de la tierra y por ello coincidió con algunos parlamentarios en que se constituya una comisión para que estudie su derogatoria.
El presidente del Consejo de Ministros dijo que el Gobierno es respetuoso de las comunidades y que con los decretos no se afecta sus posesiones ni propiedades. Indicó que todo lo hecho ha tenido la sana intención de lograr el desarrollo de las comunidades que por muchos años viven en la pobreza. Por ello se ha buscado unificar el estatus legal de las comunidades de la costa con las de la sierra y la selva.
Dijo que es falso que el Gobierno pretenda disponer de las tierras de los comunidades, porque cualquier decisión dependerá de ellos mismos. Indicó que esas reformas al sistema de votación para que las comunidades pudieran disponer de sus tierras se tomó en 1995, pero en esa época,anotó, nadie protestó porque se vivía bajo una dictadura.
Informó que se ha logrado reabrir algunas vías con la participación de la policía, las autoridades regionales y los propios comuneros, y se ha evitado que se tome algunas fuentes de energía que hubiera creado serios problemas de luz en varias ciudades. Reafirmó que se ha producido un complot en contra la seguridad nacional y por ello justificó la declaración del estado de emergencia en la zona.
La ministra de Justicia sustentó los aspectos legales y constitucionales de los decretos legislativos, en tanto que el titular de Agricultura dijo que el Gobierno está tratando de lograr el desarrollo de las comunidades a fin de disminuir la pobreza. El ministro Brack explicó sobre su participación en la comisión de negociación luego del paro que se inició el 9 de agosto en la selva y que retornó porque los nativos exigieron la presencia de las máximas autoridades del país.
Los congresistas Isaac Mekler (GPN), Juana Huancahuari (GPN), José Maslucán (GPN), Gloria Ramos (GPCD), Elizabeth León (UPP-BP), Hilaria Supa (GPN),Oswaldo Luizar (UPP-BP), María Sumire (GPN), Susana Vilca(GPN) y Daniel Abugattás (GPN) pidieron la derogatoria de los citados decretos legislativos y que se nombrara una comisión mediadora para que viaje a la zona y se evite cualquier agresión a los comuneros.
Los congresistas José Macedo (PAP) y Tomás Cenzano (PAP) respaldaron la comisión mediadora. Juan Perry (AP) pidió un mayor diálogo con las comunidades para evitar problemas. Aurelio Pastor (PAP) dijo que el Estado sólo se ha limitado a devolver el orden a la zona ante el desorden creado por los nativos, y su colega Helvezia Balta (PAP) manifestó que con los decretos legislativos se trata de la inclusión de las comunidades nativas al desarrollo del país y ellos tomarán sus propias decisiones.
La congresista Gabriela Pérez del Solar (UN) dijo que no era posible votar la derogatoria de los citados decretos legislativos en momentos que existía una presión por parte de los comuneros. Manifestó que el tema podría verse una vez superado el conflicto.
Los legisladores José Vargas (PA) y Franklin Sanchez (PAP) defendieron los decretos legislativos porque buscan impulsar el desarrollo de las comunidades. Vargas calificó de "demagogia" la actitud de los sectores de oposición.
Fabiola Salazar (PAP) calificó de lamentables las actitudes de la oposición que, dijo, se han aprovechado de los nativos y pidió no mentir a los comuneros. Aseguró que el presidente del Congreso, doctor Javier Velásquez Quesquén, recibiría a los delegados de los comuneros.
Finalmente, se puso al debate del dictamen para derogar los decretos legislativos 1015 y 1073 que fue sustentado por el congresista Juvenal Silva (GPN) y la Comisión acordó derogar ambas normas, con seis votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
