El asesor legal de un grupo de regidores de la comuna distrital de Sama Las Yaras, denunció esta mañana al presidente regional Hugo Ordóñez Salazar y a los gerentes General y de Infraestructura del Proyecto Especial Tacna, Julio Ferreira León y Heraclio Flores Changano, por presuntamente ser responsables de los delitos de Peculado y Malversación de Fondos en la obra de mejoramiento vial de la av. La Marina, en Boca del Río.
Según explicó el abogado Néstor Pari, las irregularidades detectadas en la obra realizada gracias a un convenio entre los concejos de Samas las Yaras, Boca del Río y el Gobierno Regional de Tacna (GRT), salieron a la luz luego de su entrega, el 24 de marzo pasado.
El convenio estipulaba que el GRT financiaría el proyecto vial, que desembolsaría los fondos necesarios para que el municipio de Las Yaras ejecute los trabajos en administración directa.
Sin embargo, lo sucedido en la realidad distó mucho de lo fijado en el documento de cooperación interinstitucional, pues las obras fueron finalmente realizadas con dinero proveniente del PET y bajo su administración.
"Eso es fácilmente comprobable, ahí están intactos los S/. 299,652 nuevos soles que tenían que servir para financiar la avenida La Marina, no los han usado y el mismo Ordóñez dijo que se había dispuesto su totalidad", afirmó el asesor de los regidores Ismael Contreras, Ernesto Calisaya, Dominga Flores y Marcelino Villegas.
Los cuatro concejales acusaron que desde hace semanas están recibiendo presiones por parte de funcionarios del PET, quienes pretenden que se firme un nuevo convenio con la comuna, que incluya el mejoramiento de las calles Los Pelícanos, Las Algas y nuevamente La Marina, incluyendo un levantamiento topográfico de 2 millones de nuevos soles.
"Ya en sesión de concejo se ha desestimado eso y siguen insistiendo, seguro no saben como justificar los gastos de las obras y por qué el dinero permanece hasta hoy depositado en las cuentas del gobierno regional, ellos sabrán por qué", culminó Pari.
La denuncia ya ha sido presentada en el Ministerio Público y en la Procuraduría, tan sólo es cuestión de esperar por el inicio de las indagaciones y la judicialización de la denuncia.
