En relación a la jornada de protesta social convocada para los días 8 y 9 de julio por organizaciones sociales agrarias, sindicales, estudiantiles del país, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) reitera lo siguiente:
Como parte del pleno respeto y vigencia de los derechos humanos, las manifestaciones públicas y pacíficas están amparadas por la Convención Americana de Derechos Humanos que en su artículo 15 consagra "el derecho a la reunión pacífica"; y por el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al establecer que "toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica".
De igual manera, el ejercicio de este derecho está reconocido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado que señala "el derecho de reunirse pacíficamente sin armas".
La realización de este derecho además implica el ejercicio del derecho a la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento amparado en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución. Se recuerda a su vez que la Constitución reconoce que no hay persecución por razón de ideas y creencias y no hay delito de opinión.
Recalcamos, que para el ejercicio de estos derechos, el Estado está obligado a brindar las garantías constitucionales para su realización como los señala el artículo 44 de la Constitución al establecer que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad.
Invocamos a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú evitar el uso excesivo de la fuerza frente a los ciudadanos que realicen manifestaciones. Asimismo, invocamos a los dirigentes de las organizaciones sociales a ejercer legítimamente sus derechos sin vulnerar los de las demás personas.
Finalmente, reiteramos que la Resolución 242-2008-DE que autoriza la intervención inconstitucional de las Fuerzas Armadas para actuar durante el Paro Nacional expresa el proceso de criminalización de la protesta social y el clima de intolerancia del gobierno hacia los grupos sociales que vienen expresando sus justas demandas.