Poder Judicial falló a favor de la demanda que presentó el sindicato que encabeza el profesor Luis Flores Villavicencio.
Abogado del SUTEP, Luis Alberto Heredia.
El Poder Judicial otorgó un plazo de 48 horas para que el Gobernador Regional de Tacna, Omar Jiménez, oficialice la instalación de una mesa de trato directo con el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) que encabeza el profesor Luis Flores Villavicencio, en la ciudad heroica, informó el abogado Luis Alberto Heredia.
En diálogo con Radio Uno, detalló que se vieron obligados a pedir formalmente la mesa de diálogo debido a la política de puertas cerradas que mantiene Jiménez con el sindicato, que les impide conversar y resolver «de forma pacífica» la problemática que exista en el magisterio de la región Tacna, como es el pago de la deuda social y otros.
«Nos hemos visto obligados a tener que interponer esta demanda que ha sido declarada fundada y donde conmina al Gobernador Regional que en dos días emita la resolución ejecutiva regional instalando la mesa de trato directo con nuestra organización sindical que está debidamente reconocida y que es parte de la estructura del SUTEP«, señaló.
Luis Alberto Heredia recordó que Jiménez desconoció al SUTEP y se reunió con otro grupo que pertenecería al Movadef demostrando una «actitud antidemocrática y despectiva con las organizaciones sindicales democráticas».
«Y no me va a decir el señor Omar Jiménez -lamentablemente la máxima autoridad de la región Tacna que no es tacneño- que desconoce él o sus funcionarios, o sus asesores políticos y legales, que esa gente con quien se reúne pertenece al Movadef y todos sabemos que el Movadef, que es una fachada de Sendero (Luminoso), quiere intervenir en los procesos democráticos pero su único fin es la liberación de Abimael Guzman conjuntamente con el más nefasto delincuente presidencial, Alberto Fujimori», mencionó.
SERÍA DESTITUIDO
El abogado advirtió que si Jimenez se niega a acatar el mandato judicial, podría ser destituido.
«En este caso como es una demanda de amparo, es un proceso constitucional, el código procesal constitucional nos faculta a pedir la actuación inmediata de la sentencia. Así sea apelada, con la actuación inmediata, le ordena nuevamente a cumplir con lo resuelto en la sentencia, y si no resuelve lo que nosotros vamos a pedir es la destitución del Gobernador Regional», acotó.
