Durante el incanato, la agricultura fue la base para subsistir y, con la llegada de los españoles, esta situación cambió radicalmente. La población indígena fue victima de abusos y de explotación por parte los conquistadores. Los indios fueron sacados del campo y llevados a las minas para trabajar en condiciones inhumanas.
Esto trajo como resultado que la población indígena se redujera considerablemente debido a que miles murieron en las minas, con la llegada de la república, la situación del indio no cambió.
Los campesinos trabajaban para los dueños de extensas propiedades agrícolas (latifundios o haciendas), con salarios bajísimos y en las más duras condiciones, en la Constitución de 1920 se reconoció y legalizó la propiedad de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas y se decretó el 24 de junio como Día del Indio.
Finalmente, el 24 de junio de 1969 el gobierno del general Juan Velasco Alvarado llevó a cabo definitivamente la reforma agraria. Para ello promulgó el Decreto Ley N° 17716 y anunció su puesta en vigor con las siguientes palabras: "¡Campesino: el patrón ya no comerá más de tu pobreza!". Los campesinos tomaron el control de las haciendas, que pasaron a convertirse en cooperativas dirigidas por los propios trabajadores.
Con el paso del tiempo, sin embargo, quedó demostrado que la inexperiencia en la gestión empresarial, la falta de asesoría y apoyo tecnológico por parte del estado, hicieron fracasar la reforma, en vez de mejorar la situación del campesino y del agro, empeoraron la situación de la agricultura peruana.
Durante la década del ochenta y principios del noventa, los campesinos fueron víctimas del terrorismo, tras la pacificación del país, que ha permitido el regreso organizado de muchos campesinos a su terruño, el campo presenta nuevos retos, esta vez de carácter productivo y económico, que el estado busca afrontar con medidas de apoyo (créditos, tecnología, etc.).
