La Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto sobre una nueva Ley General de Educación (LGE) al que se oponen profesores y estudiantes, que han protagonizado varias protestas de rechazo en las últimas semanas.
Debido a un acuerdo entre el Gobierno y la oposición para sacar adelante esa norma, la iniciativa también era repudiada por buena parte de los parlamentarios oficialistas, pero finalmente fue aprobada por 96 votos a favor, doce en contra y siete abstenciones tras cuatro horas de debate.
Para asegurarse el respaldo de los diputados oficialistas, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, suscribió ayer mismo un acuerdo con los partidos afines para enviar un nuevo proyecto de ley al Parlamento destinado específicamente a fortalecer la educación pública.
Ese convenio establece medidas y propuestas para avanzar en un marco específico para la educación pública, con el propósito de que "la calidad y la equidad dejen de ser una aspiración y se conviertan en elementos asegurados a través de mecanismos legales correspondientes", explicó la mandataria.
Agregó que también da "prioridad a escuelas y liceos públicos, con una estructura que permita superar los problemas detectados y garantizar una educación de calidad a lo largo de todo Chile".
La aprobación del proyecto sobre la LGE, que ahora pasó al Senado, necesitaba un mínimo de 68 votos, lo que hasta última hora estuvo en duda por la "rebeldía" de muchos parlamentarios oficialistas, que comparten con profesores y estudiantes el rechazo al concepto de lucro que, a su juicio, contiene el texto.
