Los pobladores de la Asociación de Vivienda 10 de Noviembre, ubicada frente al Óvalo Tarapacá, denunciaron que el sábado pasado sufrieron una brutal agresión por parte de miembros del Ejército Peruano, quienes destruyeron un grupo de casas ubicadas en la parte central de su emplazamiento.
Juan de Dios Flores Esquía, presidente del mencionado conjunto habitacional, relató que el supuesto operativo de desalojo inició a las 9 de la noche del 31 de mayo, con presencia del Fiscal Decano Manuel Flores Chara, el Fiscal de Prevención del Delito y 4 camiones portatropas de la Tercera Brigada de Caballería y del Batallón de Ingeniería 20.
Los asociados demostraron con papeles en mano que no son invasores de dichos terrenos, de propiedad militar, ya que su situación es de "posesionarios" desde el 2005.
"Tenemos autorización de la Comandancia General del Ejército, hasta documentación de la misma comandancia en la que autoriza los trabajos de nivelación del terreno y cuidado", señaló Flores Esquía.
"No somos invasores, tenemos documentos muy legales y hasta el año pasado solicitudes para habilitación urbana en EPS, Electrosur y la propia municipalidad… Somos 420 técnicos, suboficiales y oficiales del ejército que laboran en Tacna, todos somos gente educada y responsable; lo que pasa es que no hemos saneado por la cantidad de fichas registrales que no se han solucionado, pero no se puede hacer de la noche a la mañana, sino paso a paso", argumentó.
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Todo ello constó en acta levantada por el Ministerio Público y se procedió sólo a desmantelar media docena de viviendas de material rústico emplazadas al centro del terreno, las cuales no estaban dentro del plan inicial. Los fiscales se retiraron del predio en disputa y todo quedó zanjado.
Pero las cosas dieron un giro de 360 grados. Según denunció Flores Esquía, no transcurrieron más de 10 minutos y llegó una orden de desalojo por parte de la Tercera Brigada de Caballería, comandada por el Gral. Frach Ynga.
Los militares arremetieron con furia inusitada contra las viviendas hechas de esteras y a empellones alejaron de sus pertenencias a los habitantes, entre ellos muchas madres de familia y pequeños que descansaban tranquilamente.
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"Había mucho material que ha estado destrozado, pero también material rescatable, sillas y bancas todo lo cargaron en camiones y se lo llevaron, esto es un delito apropiarse de los bienes de la asociación, considero que el comandante de la 3ra Brigada debe reflexionar y comunicarse con nosotros que somos integrantes del ejercito", culminó.
Cabe señalar que los posesionarios han realizado inversión en la zona, pues han desembolsado cerca de 300 mil nuevos soles para la nivelación del terreno, antes utilizado como cantera municipal.
De otro lado, sucede que las acciones coactivas contra los invasores deben realizarse dentro de las 24 horas de instalación en el terreno ajeno y no después de 3 años, adicionalmente, la defensa legal del los socios argumenta que el propio despacho de Farach Ynga emitió una autorización para cuidado y nivelación del predio.
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