Francisco Soberón de la Asociacion Pro Derechos Humanos anunció que donarán el monto de 10 mil dólares a una obra benéfica.
Director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Francisco Soberón.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) públicó la sentencia del Caso Chavín de Huántar, un operativo militar donde comandos intervinieron la embajada de Japón en Perú para rescatar a 72 rehenes secuestrados por el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en el año 1997.
En el fallo de 145 folios, la Corte IDH reconoce que el Estado Peruano utilizó la fuerza con el objetivo de lograr la liberación de personas retenidas por una agrupación criminal y tuvo «responsabilidad parcial» pues no investigó con anterioridad el caso de la presunta ejecución extrajudicial del terrorista Eduardo Cruz Sánchez alias Tito, ocurrida luego de que éste quedó fuera de combate, lo que lo convertiría en persona protegida para el Derecho Internacional.
La sentencia de la Corte coincide con las decisiones emitidas por la jurisdicción interna en octubre del 2012 y en julio del 2013 que establecieron la existencia de una ejecución extrajudicial en el caso de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y obligaron a realizar una investigación para identificar a los autores de dicha violación.
Y aunque no ordena al Perú pagar una reparación económica a los deudos de los terroristas del MRTA si precisa que deberá reembolsar los gastos ocasionados por el litigio: a la Asociacion Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por su sigla en inglés) que ascienden a 10 mil y 20 mil dólares respectivamente.
En comunicación telefónica con RADIO UNO Francisco Soberón Aprodeh anunció que una vez que reciban el dinero, este será entregado a una obra social, para evitar que se especule que buscaron beneficiarse con el caso.
«Aprodeh ha decidido que una vez que reciba este monto del estado lo va a donar a una obra benéfica que se va a determinar próximamente, para que no se sostenga que nuestra aspiración es de materia pecuniaria o económica, nunca hemos solicitado un sol de la reparación a los familiares de las víctimas que han sido favorecidas con una sentencia de la Corte»
Recalcó que su intervención y sustentación durante el proceso «merece tener ese reconocimiento por todo lo que significa los viajes». «Son más de 15 años de proceso que hemos sostenido, son menos de 1000 dólares por año, no es nada exagerado ni exorbitante», dijo.
DATO. Cabe resaltar que en su decisión, la Corte IDH ordena al Perú llevar a cabo una investigación seria y efectiva para identificar, procesar, y en su caso sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez. A su vez, solicitó tratamiento de salud especializada y psicológico a favor del hermano de la víctima.
