Abogada Silva Medina, indicó que los peritos a cargo de la intervención no cumplieron con el mandato judicial por lo que se presentó un escrito pidiendo se anule el accionar ya que no favorece en nada a los demandantes.
Abogada, Silvia Medina.
Como se recuerda, la jueza del 20 Juzgado Civil de Lima, Virginia Macedo Figueredo, ordenó la intervención de información por 15 días de Southern Peru Copper, a fin de que dos peritos interventores recaben información sobre cuál es el movimiento financiero que hace la empresa de junio hacia adelante, con la finalidad de que esta empresa minera deba entregar, por mandato judicial, acciones a sus trabajadores jubilados.
La intervención se realizó en el marco de un proceso de ejecución de una sentencia de la Corte Suprema que ordena a Southern Perú entregar 10 501,857 acciones laborales, cuya entrega está pendiente desde hace más de 19 años.
Al respecto la abogada Silvia Medina, quien se identificó como representante de un grupo de demandantes de los 4 mil a los que la empresa minera adeuda, indicó que los peritos designados por la jueza no cumplieron con el mandato judicial.
‘‘Se ha ordenado que se verifique, cuantas acciones nos deben hasta ahora, pero que han hecho, en lugar de hacer lo ordenando han cotizado y valorizado a pesar de que existe una sentencia la sala civil de lima mediante resolución 337 y 435 que hace el aclare a los peritos, donde establece que en ningún momento en una parte de la demanda se pide cotizar acciones, no queremos venderlas sino queremos que nos entregue las acciones porque somos propietarios de estas, esa liquidación presentada por los peritos no ha cumplido con el mandato judicial’’, aseveró.
Ante la acción, Medina dio a conocer que presentaron un escrito en el cual solicitan la nulidad del informe presentado por los peritos. ‘‘Hemos pedido que se anule esa liquidación porque no se respeta la cosa juzgada y no se respeta lo que dice el Poder Judicial y la intervención no nos beneficia en nada’’.
No es la primera ocasión en la que el proceso se ve dilatado por el accionar de los magistrados quienes a decir de la abogada favorecen a la empresa minera por lo que hasta el momento cinco fueron quejados ante la OCMA, pero al momento no hay respuesta de esta institución.
La letrada dio a conocer que la titular de la institución se niega a dialogar con los demandados y brindar respuestas de por qué no se ejecuta una sanción.
