Así lo indicó Miguel Jugo quien sostuvo que tras la decisión del Poder Judicial de aceptar que el ex presidente Alberto Fujimori vuelva a usar el teléfono en el penal del fundo Barbadillo, donde purga condena, se debe vigilar que las llamadas sean dirigidas a sus familiares y abogado, más no para dar entrevistas a los medios de comunicación del país.
Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Luego que el Poder Judicial aceptara el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori vuelva a utilizar el teléfono público en el penal del fundo Barbadillo, donde cumple sentencia, Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos instó a las autoridades del INPE a redoblar el control para garantizar que las llamadas sean dirigidas a sus familiares y abogado, más no para dar entrevistas a los medios de comunicación del país.
«Nosotros lo que pedimos ahora es que el INPE redoble el control sobre el teléfono de Fujimori, las llamadas que él pueda hacer tendrán que tener corte familiar y con su abogado y que en cualquier llamada que él haga de orden político debe servir para que nuevamente le quiten el teléfono, porque obviamente no hay que ser muy brujo para saber que esto tiene que ver con el escenario electoral y la necesidad que tiene Alberto Fujimori de estar, desde su celda, apoyando la candidatura de su hija Keiko Fujimori. El juez sabe que esta situación tiene que continuar y por ese motivo creo que le ha repuesto la línea telefónica ¿qué pueden hacer las autoridades del INPE? como digo es redoblar los esfuerzos, y tener el control, y además creo que debe haber un compromiso de la bancada fujimorista de no ir a entorpecer el trabajo del INPE», señaló.
Como se recuerda la directora de dicho recinto penitenciario, Katty del Águila, en noviembre del 2013 sancionó al preso Fujimori por dar entrevistas telefónicas a RPP.
Sin embargo al momento de resolver el hábeas corpus presentado por el abogado de la defensa, la mayoría de jueces de la Cuarta Sala Penal determinaron que era una medida desproporcionada que vulneró el derecho a la comunicación por medios telefónicos del ex presidente, motivo por el cual decidieron a favor del reclamo de Fujimori.
