La Comisión Permanente del Congreso de la República acordó acusar constitucionalmente al congresista Ricardo Pando Córdova GPF), como supuesto culpable del delito de falsedad genérica, respecto al cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se encontró "indicios razonables suficientes" que permiten evidenciar su presunta comisión.
La decisión fue tomada con el voto a favor de nueve congresistas de las bancadas del PAP y de NUPP, principalmente; en tanto que ocho (de UN y GPF) votaron en contra, y dos legisladores (Juan Perry Cruz, de AP, y Carlos Torres Caro, del GEP) se abstuvieron.
El congresista, que deberá enfrentar nuevamente el mismo proceso ante el Pleno del Congreso en fecha aún no determinada, fue denunciado por haber designado a la joven Liliana Amelia Reátegui Prado, a sugerencia del suboficial técnico PNP Rossel Lino Altamirano Orozco, para que sea contratada como asistente de su despacho sin que, en la práctica, prestara labor alguna.
Según el resultado de las investigaciones, la irregular contratación fue hecha con la finalidad de que la remuneración de la joven fuese percibida por el referido personal de seguridad, a modo de compensación por trabajar en feriados y horas extras.
Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desestimó la denuncia por la supuesta comisión del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de peculado, por no existir elementos suficientes para ello.
La acusación fue sustentada por el presidente de la Subcomisión, José Saldaña Tovar (NUPP), quien se remitió a lo dictaminado por el grupo que preside.
En su descargo, Pando Córdova reconoció que enfrentaba esa situación por haber tomado una decisión equivocada debido a su inexperiencia y desconocimiento de las cosas administrativas al interior del Congreso de la República.
Aceptó en todo momento su responsabilidad, pero aclaró que él no se benefició económicamente, que ni siquiera conoció a la joven contratada y que su intención fue compensar los servicios excepcionales que le prestaba su seguridad personal.
El congresista, que se presentó sin el asesoramiento de un abogado, dijo que esa falta no era suficiente para hacerle perder su condición de congresista, pues su caso no era parecido "a otros", en referencia a los de las congresistas Elsa Canchaya y Tula Benites.
En su breve alocución, que no le demandó los 20 minutos que tenía asignados, Pando pidió disculpas a los miembros de su bancada, al Congreso de la República y a sus hijos por las incomodidades que su gesto les haya ocasionado.
En defensa del congresista intervinieron los miembros de su bancada Carlos Raffo y Martha Moyano, y Rafael Yamashiro (UN), quienes pidieron a los integrantes de la Comisión Permanente reflexionar sobre el caso y emitir un voto de conciencia, teniendo en cuenta que el acusado había pedido disculpas, no se había beneficiado personalmente, actitud que no había ocurrido "en otros casos".
Adoptada la decisión final, la CP aprobó la designación de la subcomisión acusadora que llevará el caso ante el Pleno, y que estará conformada por José Vargas Fernández (PAP), quien la presidirá; Freddy Otárola Peñaranda (GPN) y Saldaña Tovar.
Denuncias archivadas
De otro lado, la CP dio luz verde a los informes presentados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declaran improcedentes las denuncias presentadas contra la desaparecida ex Fiscal de la Nación Adelaida Bolívar Arteaga; ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y contra el fiscal supremo José Peláez Bardales.
También la presentada por la congresista Rosa María Venegas Mello contra el ministro del Interior, Luis Alva Castro; y de la Asociación Nacional de Fonavistas contra el congresista Jhony Peralta Cruz y el ministro de Economía y Finanzas Luis Carranza Ugarte.
Por último, se aceptó la renuncia del congresista Julio Herrera Pumayauli, como miembro titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y su reemplazo por su correligionario Aurelio Pastor Valdivieso.
La sesión, que se inició a las 5 y 22 de la tarde y concluyó a las 5 y 55, fue dirigida por el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada Eyzaguirre.
