Recordó que estuvo a punto de ser agredido por una turba de pobladores de llabaya, que cuestionaron su respaldo a la redistribución interna del canon minero, y sostuvo que solo participará de la audiencia pública de la compañía minera si se dan las garantías correspondientes.
Gerardo Marón alcalde de la provincia de Candarave.
El alcalde provincial de Candarave mostró su respaldo a la audiencia pública que realizará la empresa Southern Perú –este miércoles 16 – para informar sobre el estudio de impacto ambiental (EIA) de su proyecto de «Ampliación de la concentradora de Toquepala y recrecimiento del embalse de relaves de Quebrada Honda».
“La población tiene todo el derecho de poder escuchar, de asistir a la audiencia y de repente objetar, reclamar o acotar algunas cosas que pudieran faltar”, dijo.
Agregó que pese a su posición respeta las protestas que algunos grupos anunciaron que realizarán en rechazo al proyecto de ampliación de la minera.
“Estamos en un país democrático y no se puede satisfacer a todos, y los que no están de acuerdo con alguna idea o una propuesta o una decisión tienen que asumir ese cargo de ir a reclamar “, mencionó.
Consultado sobre su presencia en la audiencia de SPCC, que se desarrollará en Locumba, manifestó que ante los ataques que recibió por parte de un grupo de pobladores de Ilabaya (que se oponían a su interés en la redistribución interna del canon minero) no participará en la sesión, salvo existan las garantías del caso.
“Hace poco hemos sido objetos de un reclamo de parte de Ilabaya, Jorge Basadre por el tema limítrofe que hemos trabajo anteriormente y por lo que es la redistribución interna del canon (…) y para evitar mayores conflictos podría ser que no pueda asistir, pero si hay las garantías asistiría como un poblador”, acotó.
MI RIEGO
Minutos antes de dar estas declaraciones, el alcalde Marón se reunió con un representante del programa «Mi Riego» quien anunció que abrirán una agencia zonal de Agrorural en Candarave con el fin de coordinar acciones para la ejecución del fondo económico que dará el Gobierno Central para la construcción de obras de infraestructura hidráulica.