El proyecto de Ley del Negacionismo, que busca sancionar a quien niegue, minimice o apruebe los actos terroristas ocurridos en el país, no vulnerará derechos fundamentales y tiene el propósito de defender el sistema democrático, aseveró hoy el procurador antiterrorista, Julio Galindo.
Congreso de la República realizará debate técnico de esta ley
Afirmó que la propuesta del Ejecutivo constituye uno de los mecanismos legales, contemplado también en el derecho comparado internacional, que el Estado TIENE para garantizar el respeto de la democracia.
“El 97 por ciento de los peruanos queremos vivir en democracia, el Estado debe garantizar el respeto de la democracia y uno de estos mecanismos es tipificar esta nueva figura legal para aplicarla en el país”, manifestó.
Para el procurador no existe el riesgo de vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos porque el proyecto está dirigido a sancionar a quienes están inmensos en el terrorismo, y no al ciudadano común.
Refirió que se trata de un planteamiento profundamente trabajado, cuyo principio fundamental es respetar “los derechos de las personas” contemplados en la Constitución.
“Y si en protección de la gran mayoría podremos lograr que se apruebe esta ley va a preservar los intereses de la generación que quiere vivir en un país mejor”, agregó en RPP.
Según dijo, con esta figura legal habrá más efectividad para sancionar a quienes incurran en esta falta, porque en los últimos 11 años, el Poder Judicial sancionó solo un caso por el delito de apología al terrorismo.
El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de Ley del Negacionismo, el cual será estudiado por las Comisiones de Justicia y Constitución del Congreso para su debate técnico.
La iniciativa, que según el gobierno no viola ningún derecho fundamental, busca penalizar las conductas que justifiquen o nieguen los delitos de terrorismo y proteger a la democracia y a la sociedad del “lenguaje de odio” y de los simpatizantes de la subversión.
De otro lado, Galindo reiteró que la Procuraduría trabaja silenciosamente en su estrategia para cobrar hasta el último centavo a los condenados por terrorismo que adeudan la reparación civil al Estado, entre ellos, al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
Cortesía: Andina
