Familiares y organizaciones de derechos humanos presentarán el viernes 03 de agosto a las 11 de la mañana un pedido al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que destituya a los cinco magistrados que integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ?encabezada por Javier Villa Stein- por el fallo que redujo las penas a los integrantes del grupo Colina.
El pedido de destitución formula 12 cargos tanto contra Villa Stein como contra Josué Pariona Pastrana, Jorge Salas Arenas, Segundo Morales Parraguez y Francisco Miranda Molina.
El pedido de destitución formula 12 cargos tanto contra Villa Stein como contra Josué Pariona Pastrana, Jorge Salas Arenas, Segundo Morales Parraguez y Francisco Miranda Molina.
Las faltas se refieren a la ausencia de imparcialidad del vocal supremo Villa Stein, a las infracciones cometidas en la sentencia y en los fundamentos adicionales del 20 de julio de 2012, a la aclaración de los fundamentos adicionales del 24 de julio de 2012, entre otras.
Sobre el primer punto, el documento precisa que el juez Villa Stein vulneró la garantía de imparcialidad en el proceso judicial por las siguientes razones: diferencias en el trato dado a los procesados con respecto a las víctimas y sus abogados; haberle sugerido a uno de los procesados, en medio de una audiencia, argumentos para su defensa.
Además, por el hecho de que el abogado Ernesto Villa Morán, hijo del magistrado Villa Stein, fue parte del Estudio Souza & Nakasaki, y asesor del congresista fujimorista Rolando Souza; y que, tras una reunión sostenida en setiembre del 2009 con el ex jefe del SIE, Juan Rivero Lazo, y con otros condenados del Grupo Colina presos en el Penal San Jorge, dijera que el Poder Judicial “no podía prestarse a abrir nuevos casos a un interno sometido a un proceso tan largo”.
Los autores de la propuesta consideran además, que existe predisposición pública, animadversión y prejuicio exacerbado del juez Villa Stein contra los abogados de las víctimas de tales matanzas, y que “ha evidenciado en diversas entrevistas públicas”.
El petitorio también señalan que existen faltas graves del fallo del último 20 de julio, pues anuló la condena por asociación ilícita para delinquir de todos los acusados, argumentando que el Ministerio Público nunca acusó por dicho delito. La parte agraviada considera que este argumento es contradictorio e insuficiente.
Entre las instituciones que presentarán el pedido se encuentran el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), además de los familiares de las víctimas de los crímenes de Barrios Altos, El Santa y del periodista Pedro Yauri.
FUENTE: TERRA
