El presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Orlando Velásquez, dijo que debe determinarse si las universidades privadas que se acogieron a un beneficio tributario que caducó en 1999, reinvirtieron sus utilidades en mejorar la calidad educativa.
Recordó que el principio de la exoneración tributaria a la que se acogieron un grupo de universidades privadas era que ello debía redundar “en beneficio de la comunidad y fundamentalmente de la excelencia académica”.
De lo contrario, agregó, “no se justificaría dicho beneficio”.
El Decreto Legislativo 882, que promovía la inversión privada en la educación, estableció que aquellas casas de estudio que reinviertan total o parcialmente su renta en sí mismas tendrán derecho a un crédito tributario por reinversión equivalente al 30 por ciento del monto reinvertido.
De acuerdo al ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, el Estado dejó de percibir alrededor de 400 millones de nuevos soles por ese beneficio tributario cuya vigencia concluyó a fines de 1999.
De ese monto, el 90 por ciento corresponde a 14 entidades educativas particulares.
Velásquez, también rector de la Universidad Nacional de Trujillo, pidió al Congreso aprobar una moratoria de cinco años para analizar y evaluar el rol de las universidades públicas y privadas en el país y discutir, en ese marco, la Ley Universitaria, para una reforma profunda e integral.
Señaló que en ese lapso de tiempo no debe crearse ninguna universidad, sino iniciar un proceso de acreditación de la enseñanza en estos centros de estudio superior.
“Es decir, se requieren medidas integrales y no dar pasos aislados. Basta de parches, vayamos a una reforma integral sobre la base de la Ley Universitaria y para ello es necesario establecer una moratoria”, manifestó a la Agencia Andina.
Aseveró que la universidad peruana ha entrado a un terreno de calidad y acreditación, sin embargo, refirió, el Gobierno no cuenta con las herramientas necesarias para hacer una verdadera evaluación.
Por ello, agregó, se necesita crear un marco legal que permita mejores mecanismos de control, sin atentar contra la autonomía universitaria.
Cortesía: Andina
