Los daños ambientales de la minera en la región Tacna, no son las únicas acusaciones que pesan contra Southern. Ex trabajadores de esta compañía denunciaron ante diversas instancias judiciales los agravios de los cuales fueron víctimas al no reconocérseles las acciones que esta empresa les debe. Y aunque en una anterior oportunidad anunciaron a través de nuestra emisora que el Juzgado había declarado improcedente los recursos de amparo de la minera, hoy nuevamente advierten manipulación de los jueces para favorecer a la compañía.
El abogado de más de 800 ex trabajadores de la empresa minera Southern, Edgardo García puso en evidencia a través de RADIO UNO que la población tacneña no es la única que lucha en contra de las injustas pretensiones de la compañía. Esta minera no se niega solamente a invertir en una planta desalinizadora de agua de mar para llevar a cabo sus operaciones, sino que desde hace más de 30 años se niega a reconocer a estos ex obreros, las acciones que a través de una ley les fueron conferidas.
Según el litigante, esta los antecedentes de esta demanda datan del año 1979. En este período en el que dirigía el país Velasco Alvarado, fue emitida la norma 18880 a través de la cual el gobierno ordena a la compañía a distribuir sus acciones de esta forma: 10% de las utilidades anuales, 6% para reinversión obligatoria y 4% para entregarlas en forma directa y en efectivo a sus trabajadores.
Sin embargo, según García Atacauri, después de esta fecha se emite una nueva norma, la ley 22333 que cambia la anterior y anula la entrega de un porcentaje para reinversión y de esta forma la minera solo entrega los otros porcentajes a los trabajadores. Pero lejos de cumplir la norma anterior, Southern desiste de pagar la parte acumulada por disposición de la ley 18880, la desconoce y solo acepta pagar lo dispuesto por la 22333.
En este panorama, los ex trabajadores deciden organizarse y denunciar este agravio contra Southern. Emiten escritos a juzgados y finalmente en el año 2009 logran tener una sentencia en donde la Corte Suprema, después que el caso también fue estudiado por el Tribunal Constitucional (TC), ordenan a la Southern cumplir con el pago de estas acciones y además el monto originado por la reinversión del porcentaje de 6% durante los más de 30 años que duró el proceso.
Sin embargo, extrañamente Southern apeló la sentencia y el juzgado aceptó el recurso, declarando luego admitida la acción de amparo, en un hecho que Edgardo García califica de irregular e ilegal. “La sentencia ya debería estar ejecutada, pero el Juez devolvió el expediente hasta en dos oportunidades a la Corte Suprema, cuando se sabe que éste no puede bajar después de cosa juzgada. Afortunadamente la nueva juez del caso ya se está pronunciando sobre el caso y ha ordenado la conformación de una comisión de peritos judiciales que saquen los montos de los demandantes”, explicó.
Según García Aracauri, aunque no se puede hablar de montos monetarios, el equivalente a las acciones que Southern les adeuda supera las 12 mil acciones por trabajador. Serían cerca de 4269 los ex empleados los que se encuentran en esta situación, pero sólo 1200 los que decidieron demandar a Southern, otros tantos ya fallecieron y sus herederos podrían recibir este porcentaje de acciones.
