“Es una situación muy grave, en realidad creo que hay una determinación bastante clara de la población del Valle del Tambo de no permitir la presencia de la minería, y una posición del gobierno de exigir un proyecto que no tiene licencia social. Yo creo que eso es bastante claro (…) además el gobierno lo que ha hecho es endurecer la relación con la población y emitir una resolución suprema por la cual ordena que las fuerzas armadas ingresen a apoyar a la policía y miren el resultado de eso: una persona muerta”. Enfatizó.
Asimismo se refirió a la resolución suprema que permite el ingreso de las fuerzas armadas en apoyo a la policía, para que se cumpla con el proceso de elecciones este 10 de abril, que según precisa, podrán asesinar impunemente a los manifestantes.
Del mismo modo sostuvo que ha sido informado que luego de conocerse que la Minera ha invertido más de 400 millones de dólares sin tener el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, ni licencia social y con la existencia de informe de la UNOPS con 138 observaciones, más irregularidades se han presentado ante su despacho.
“Me señalan desde allá, que hay documentos falsos, una situación bastante irregular, en esas condiciones lo que ha hecho el gobierno en vez de cancelar el proceso es darle 90 días más para que solucione las observaciones del EIA, es decir en vez de proteger la población lo que hace gobierno una vez mas es proteger a las empresas”.
Finalmente calificó de lamentable el proceder el gobierno, de permitir que las concesiones mineras se den a sangre y fuego y obviamente haciendo un conjunto de situaciones ilegales.
“Hemos sacado un comunicado, en segundo lugar hemos puesto en conocimiento a amnistía internacional, entendemos que esta mañana se esta dirigiendo una comisión de la defensoría del pueblo desde Lima (…) y obviamente hacemos un invocación para que esta situación se controle y no se produzcan mas muertes”. Concluyó.