Malestar, descontento e incomodidad ha generado en la Amazonía peruana la benigna sentencia que emitió el Tribunal Militar-Policial de Perú contra dos generales de la Policía Nacional y a un general del Ejército a quienes se le dio una pena de prisión suspendida por las muertes de 24 policías y diez civiles durante enfrentamientos en la localidad selvática de Bagua en junio del año 2009.
Los policías y militares que estuvieron al mando de las operaciones fueron investigados y condenados por el delito de "omisión del cumplimiento del deber en función operativa" y para el presidente de la Asociación Pro derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo esta proceso no debió efectuarse en el fuero militar sino penal debido a que los daños que se causaron involucraron la vida de decenas de personas.
"El tribunal militar-policial emitió sentencias benignas a los responsables operativos del Baguazo que enfrentó al pueblo indígena y la policía nacional, tras lo cual se cobró la vida de 34 peruanos en la Curva del Diablo ubicado en la región amazónica de Bagua el pasado 5 de junio de 2009. Y por si fuera poco aún no se investiga a los responsables políticos de estas muertes", refirió.
Finalizado el proceso, el general retirado de la Policía Luis Muguruza fue condenado a 36 meses de prisión suspendida, además del pago de una reparación civil de 10.000 soles. En tanto que el general (r) de la Policía, Javier Uribe fue sentenciado a 24 meses de prisión suspendida y a una reparación civil de 7.000 soles y el general del Ejército peruano Raúl Silva Albán fue condenado a 12 meses de prisión suspendida más el pago de 4.000 soles.
Sobre la sentencia también se pronunció la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP) cuyo presidente, Alberto Pizango, insistió en que una vez más el gobierno del presidente Alan García pretende "encubrir" a sus ex ministros Yehude Simón, Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz "por los hechos lamentables de Bagua" y lo instó a “terminar su gestión limpiándose las manos manchadas de sangre".
Como se recuerda el 5 de junio del 2009, se enfrentaron violentamente miles de personas que habían tomado una carretera en Bagua y la Policía que intentaba desalojarlos. Este suceso se desencadenó luego que el Gobierno emitiera unos decretos que los indígenas consideraron lesivos a su derecho a ser consultados sobre sus tierras. Producto del enfrentamiento murieron doce policías y diez civiles.
