Sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que prohíbe a los medios de comunicación la divulgación de conversaciones telefónicas sin previa autorización judicial o de los interlocutores, el abogado Carlos Rivera señaló que esto obedece a una clara política del TC en querer defender a los procesados en actos de corrupción, y castigar a la prensa que se ha convertido en un aliado en la lucha contra estos hechos ilícitos.
"La voluntad y el mensaje político del TC es que no se difundan este tipo de actos (…) El TC busca defender a las personas involucradas en actos de corrupción", aseveró.
Para el jurista miembro del Instituto de Defensa Legal (IDL), este fallo mordaza es el escándalo de mayor gravedad en los últimos tiempos que busca favorecer a los implicados en hechos de corrupción como el caso del procesado Alberto Quimper con los "petroaudios".
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"Se busca castigar a los medios de comunicación que permitieron la propagación de informaciones relacionadas a actos de corrupción de altos funcionarios del régimen aprista (…) y por tanto es un mensaje grave para un Estado de derecho, para un país que ha tenido uno de los regímenes más corruptos de la historia, cuyo fenómeno no ha sido desterrado en el Perú", remarcó Carlos Rivera.
Con este fallo el Tribunal Constitucional busca extender a los medios de comunicación la norma que sanciona a quien perpetra actos de espionaje, en este caso los efectos de la norma legal van direccionados a quien propague audios provenientes del espionaje.
