El Congreso debe aprobar una ley para quitar los beneficios penitenciarios a los delincuentes reincidentes, como una medida eficaz y realista a favor de la seguridad ciudadana, en vez de debatir la pena de muerte, planteó el abogado penalista Luis Lamas Puccio.
Precisó que actualmente todos los condenados por robo y asalto agravado, e inclusive los que salen hasta tres o cuatro veces de prisión, acceden a través de una simple solicitud a este tipo de beneficios, como computar días de trabajo y educación por reducción de pena.
Eso sucede porque el Código Penal excluyó como una causal de sanción la reincidencia, bajo el argumento de que la pena debía dar paso a la rehabilitación del reo.
"Por eso se debe aprobar una ley en el Congreso para modificar el Código penal a fin de sancionar la reincidencia de manera ejemplar, exonerando de beneficios penitenciarios a los que vuelvan a prisión por delitos graves", expresó.
En tal sentido, respaldó el pedido del ministro del Interior, Octavio Salazar de revisar este tema para una mejor aplicación de la ley contra quienes delinquen.
Indicó que los reos (no aplica para los delitos de corrupción) piden reducir su pena apelando al beneficio de dos por uno, a efectos de poder salir con semilibertad cumpliendo los dos tercios de la condena.
Además, consideró que el Instituto Nacional Penitenciario debe ser más estricto al momento de analizar el perfil sicológico y la conducta del reo, para otorgar beneficios a los que realmente muestran signos de arrepentimiento y de querer reinsertarse a la sociedad.
Refirió que la realidad demuestra que quienes salen de prisión en vez de readaptarse vuelven a delinquir.
"Esto demuestra que existe muchas limitaciones al momento de analizar el estado psicológico del reo."
Lamas Puccio afirmó que la revisión de los beneficios penitenciarios constituye una medida efectiva contra la delincuencia, en vez de pretender promover la pena de muerte para delitos graves.
A su juicio, el planteamiento formulado por la legisladora Keiko Fujimori no sería factible porque el país es suscriptor de varios tratados internacionales sobre derechos humanos que no se pueden denunciar.
Fuente: Andina
