Para la congresista Mercedes Cabanillas, una de las implicadas en el informe sobre interceptación telefónica por parte de Business Track (BTR), documento aprobado por la comisión que preside el legislador Oswaldo Luízar, está cargado de odios y guarda una intencionalidad política.
Tras rechazar las conclusiones del informe, la legisladora aprista no descartó iniciar acciones legales contra quienes intentan implicarla en este caso. "Es un informe cargado de intencionalidad política, no es un producto de ninguna investigación; simplemente es un armado de un intercambio de intereses políticos", remarcó.
El lunes, la comisión aprobó el informe final que recomienda derivar ese documento a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a la Comisión de Ética, para que determinen la responsabilidad de Cabanillas. También se incluyó al congresista y vicepresidente del país, Luis Giampietri, por sus vínculos con Elías Ponce Feijoó, cabeza visible de BTR.
Según el documento, en el año 2006, cuando Cabanillas era presidenta del Congreso, su despacho contrató y tuvo contactos con BTR, implicada en casos de "chuponeo" telefónico a políticos, funcionarios y empresarios. La legisladora aprista sostiene que se dispuso realizar un "barrido electrónico" porque en ese año se había declarado en emergencia el sistema de seguridad del Legislativo. Esta acción fue autorizada por la Mesa Directiva.
Por su parte, el congresista Luízar dijo que Cabanillas está en su derecho de ejercer los mecanismos legales que estime conveniente, e indicó que su grupo de trabajo ha actuado de acuerdo a ley y de manera objetiva.
De otro lado, el parlamentario nacionalista Daniel Abugattás consideró que el fujimorismo no apoyará este informe en retribución a la decisión del gobierno de permitir que la boda de la hija de Alberto Fujimori se realice en la sede de la Diroes.
