Inconvenientes se presentaron en la Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín, luego que los regidores de oposición de la comuna se retiraran de la sesión de concejo extraordinaria que fue convocada par tratar el pedido de reconsideración presentado por el ciudadano Franklin Ramos respecto a la solicitud de vacancia en su contra.
Los regidores Rosa Riquelme, Frida Martínez, Luís La Rosa y Guillermo Cucho, denunciaron que el pasado 29 de enero solicitaron documentación a la comuna local, la misma que debía ser utilizada para su legítima defensa, sin embargo de los tres documentos solicitados, sólo se entregó uno de manera parcial.
"Esto es un atropello a nuestra defensa, mucho más que nuestro abogado sustentaba sus medios probatorios en estos documentos que aún no se entregan. Esta documentación debería ser remitida junto con el expediente al Jurado Nacional de Elecciones, pero no se nos entregó", dijo la regidora Rosa Riquelme.
La respuesta que recibieron los regidores, es no existía la documentación y que el descargo presentado inicialmente de manera escrita, es suficiente prueba de su defensa.
Ante este hecho, los regidores solicitaron que se postergue la sesión hasta que se tenga la documentación completa; la votación sobre este pedido quedó empate y el voto dirimente fue el del Alcalde Distrital, quien se opuso al pedido de los regidores de oposición y dispuso que la sesión continúe según lo establecido.
El regidor Luis La Rosa señaló que uno de los documentos que se solicitaban era el cuaderno de obras del estadio Joel Gutiérrez, en el cual se demuestra que nunca se hicieron presentes en los recintos, para paralizar la obra que se ejecutaba. Sólo con este hecho se desmorona una de las principales acusaciones que pesan en contra de los regidores.
Frida Martínez, también regidora de la comuna calificó el hecho como un abuso de autoridad e indicó que estos hechos se realizan con el único objetivo de impedir que se continúe con la fiscalización.
Finalmente el regidor Guillermo Cucho informó que se solicitó la postergación de la sesión de concejo, la misma que deberá desarrollarse en un plazo aproximado de cinco días y contará con la presencia de un representante del Ministerio Público, para que garantice la transparencia de los hechos.
