Fernando Lugo, actual presidente de Paraguay, fue obispo durante una década en el departamento de San Pedro, uno de los más pobres del país, hasta que en 2004 el papa Juan Pablo II le retiró el ministerio por sus simpatías con la Teología de la Liberación. Seis años después, siguiendo órdenes de Lugo, el Ejército paraguayo ha desplegado en San Pedro la Operación Yaguareté [Jaguar, en lengua guaraní], uno de los mayores operativos de seguridad en la historia del país suramericano. Durante las dos últimas semanas, medio millar de policías y soldados peinan el terreno, de superficie pantanosa y clima subtropical, cerca de la frontera con Brasil, en busca de miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo guerrillero de ideología marxista que se dedica principalmente al secuestro y la extorsión para financiar una futura revolución comunista.
La orden fue dada por el presidente hace dos semanas, tras la liberación de Fidel Zavala, un acaudalado ganadero, secuestrado durante más de tres meses por el EPP. Además, las autoridades señalan al grupo guerrillero como el responsable de algunos de los secuestros más recordados en Paraguay; entre ellos, el de Cecilia Cubas, la hija del ex presidente Raúl Cubas, cuyo cadáver fue hallado enterrado en una casa abandonada a las afueras de Asunción en febrero de 2005, pese a que su padre había pagado el rescate, calculado en 800.000 dólares.
El ministro del Interior, Rafael Filizzola, ha afirmado que "el objetivo de la operación es garantizar la seguridad de la zona", y ha pedido prudencia y discreción a los partidos políticos durante el desarrollo de la misma. Sin embargo, los reproches a Lugo y al propio ministro del Interior no han tardado en escucharse. Especialmente criticadas han sido las palabras del ministro acerca de que "hay personas que tienen que definirse: o actúan como parte de una organización de derechos humanos o asumen el rol de defensa de las personas que hoy son sospechosas de ser parte de esta organización criminal". Sectores de izquierda dicen estar "en alerta" ante la Operación Yaguareté, por la posible violación de los derechos humanos durante la misma, afirmó recientemente Hugo Richer, el dirigente del Partido Convergencia Popular Socialista
Más contundente todavía ha sido la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), al repudiar "la represión y criminalización de la protesta social, que se ha traducido en numerosos casos de asesinatos, desapariciones, detenciones e imputaciones no demostradas". Codehupy ha exigido que las investigaciones en los departamentos se realicen "evitando violaciones a los derechos civiles, torturas, abusos físicos y psíquicos, principalmente contra dirigentes sociales y miembros de organizaciones campesinas" y se ha opuesto públicamente a las polémicas declaraciones del ministro del Interior.
La última guerrilla que operó en Paraguay fue la Organización Político-militar (OPM), un grupo fundado en los setenta para atacar la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y desarticulado brutalmente por la policía política de aquel Gobierno autoritario. Ocurre que algunos de sus miembros ahora forman parte del Gobierno de Fernando Lugo, si bien siempre han marcado una gran distancia con esta organización guerrillera. La labor sacerdotal e ideológica de Lugo en San Pedro llevó a algunos miembros de la oposición a acusar al mandatario de simpatizar con el EPP, lo que se interpreta como una de las razones de la enérgica reacción del presidente ante una organización formada por una decena de células y unos 200 integrantes, pero sin un aparente respaldo popular masivo. Los servicios secretos han asegurado la existencia de un vínculo entre el grupo armado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Aunque no hay datos exactos, hasta la fecha son al menos 15 los detenidos por los comandos especiales, un resultado juzgado como escaso en Paraguay, lo que ha llevado al ministro Fillizzola a recordar que se trata de una misión sin fecha de caducidad, "más una carrera de precisión que de velocidad". Entre los capturados está José Villalba, hermano del presunto comandante del EPP, Osvaldo Villalba. La seguridad del presidente Lugo ha sido reforzada ante el temor de que pueda ser secuestrado, después de una serie de amenazas provenientes de grupos no identificados.
Este viernes, el Gobierno paraguayo pedirá formalmente a Brasil que revoque la condición de refugiado a tres ex dirigentes de ideología izquierdista, presuntamente vinculados con los secuestros efectuados durante los noventa, según informa Efe.
Cortesía: El País
